Laila Fleisman
Esta semana se conmemora el día para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales, conversamos con Yokhari Márquez Ortiz, coordinadora de la Casa Roja, sobre cómo fue el año para quienes ejercen esta labor.
Desde el año 2003 que alrededor del mundo se conmemora el Día para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales durante el 17 de diciembre. La efeméride surge en memoria de las víctimas del asesino en serie Leon Ridgway, conocido por su seudónimo “El asesino de Green River”. A lo largo de los años 80´y 90´ asesinó a más de 70 trabajadoras sexuales y mujeres en situación de vulnerabilidad con el objetivo de “purificar las calles”.
Actualmente, gracias al avance del progresismo en materia penal, se nombra el asesinato de las mujeres como “femicidio” y en distintos países, como Holanda y Uruguay, el trabajo sexual es una actividad regulada como cualquier otra profesión. Estas leyes las protegen de cualquier tipo de violencia ejercida y además les asegura acceder a controles sanitarios, educación sexual y otros derechos laborales.
A su vez, el organismo de defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional, pide a todas las naciones por la “despenalización de todos los aspectos del trabajo sexual ejercido por personas adultas sin coerción y sin que implique explotación ni abuso”. Según el organismo, está demostrado que la penalización refuerza la marginación, el estigma, la discriminación e impide el acceso a la justicia.
En Argentina todavía no hay leyes que cuiden de las trabajadoras sexuales, pero esto no significa que no estén organizadas. Desde el año 1994 existe la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina y su Casa Roja, ubicada en Constitución, donde dan asilo y asistencia a las mujeres y diversidades dedicadas a esta labor.
Entre las tareas que realizan para visibilizar los ataques sistemáticos a las trabajadoras sexuales, hay informes sobre violencia institucional, presupuesto nacional para el VIH y el sida, y un registro nacional de femicidios desde 1996 hasta 2016. Además, en 2013 y también en el 2018, presentaron un proyecto de Ley de Trabajo Sexual en la Cámara de Diputados junto al Frente Nacional en defensa de los derechos de lxs Trabajadorxs Sexuales de Argentina (FUERTSA) y la colaboración del colectivo LGBT.
Entre los puntos de la iniciativa se proponía el reconocimiento del derecho a trabajar, organizarse y elegir tanto un espacio de trabajo como una jornada laboral. También se buscaba reconocer el derecho a la vivienda, a la seguridad social, la judicialización y la sindicalización.
Ser trabajadora sexual en la Buenos Aires de hoy
“Este año fue durísimo para las trabajadoras sexuales porque cortaron muchos programas que al menos les ayudaba un poco a sobrevivir como el Potenciar Trabajo”, cuenta Yokhari Márquez Ortiz, mujer trans migrante de Perú y coordinadora actual de la Casa Roja.
Añade: “A algunas compañeras les quitaron la ciudadanía, la habitación donde vivían y otras sufrieron el recorte de los medicamentos del PAMI”.
A mediados del 2024 desde AMMAR denunciaron ser perseguidas por un grupo de vecinos del barrio de Constitución junto a la policía. Así, planificaron recorridas por la zona junto a diputadxs de la Ciudad y medios feministas para visibilizar el hostigamiento que padecen todos los días. La tensión llegó a su mayor punto hace dos meses, cuando se llevaron detenida a su secretaria general, Georgina Orellano.
“Actualmente en Constitución seguimos viviendo en los 90´ porque la policía nos sigue reprimiendo, nos sigue robando y nos sigue maltratando”, expresa la coordinadora. “Nosotras, que trabajamos en el barrio y somos sus vecinas, tenemos que vivir encerradas y no podemos salir a la calle porque sino nos acosan, nos desnudan y tampoco respetan nuestra identidad de género ni mucho menos nuestro trabajo”, denuncia.
También apuntan al gobierno nacional, que avala estas situaciones y las detenciones arbitrarias. “Está todo para atrás. Pero nosotras acá estamos, sobreviviendo”, dice.
Por otro lado, explica que la Casa Roja no depende del estado, sino que se sostiene con ayuda de otros sindicatos. Más allá de la crisis económica, sigue garantizando distintos servicios que facilitan trámites con abogados y migraciones, roperitos comunitarios, clases de política, sesiones de terapia y clases de apoyo que ayudan a las hijas de trabajadoras sexuales a ponerse al día con la escuela.
“El 21 de diciembre va a ser el cierre donde vamos a entregar la caja navideña a las compañeras y vamos a tener un show hermoso”, concluye Yokhari.
A pesar de la estigmatización y la violencia institucional, las trabajadoras sexuales continúan luchando por sus derechos y, en la actualidad, por sobrevivir. A su vez, los espacios como la Casa Roja son un refugio para ellas ante el clima hostil de la época. Más allá de los debates entre regulacionistas y abolicionistas, Argentina, que supo ser un país pionero en derechos humanos, debería avanzar hacia un marco legal que proteja a quienes ejercen este trabajo.
